Hace un tiempo incluimos en nuestro blog información acerca de las obligaciones establecidas por la CTA, la cual pretende mejorar la transparencia de la actividad empresarial mediante la presentación de información sobre beneficiarios reales (beneficial ownership information o BOI por sus siglas en inglés) y está especialmente dirigida a empresas pequeñas. Estas obligaciones aplican a las corporaciones, LLCs e incluso a aquellas empresas formadas en otros países que están registradas para hacer negocios en un estado determinado.
Un beneficiario real puede ser calificado como cualquier individuo que, directa o indirectamente: (i) ejerce control sustancial sobre una empresa que reporta, o (ii)
posee o controla al menos el 25% de las participaciones propietarias de una empresa declarante.
La agencia federal que velará por el cumplimiento de la regulación es FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) que se encuentra adscrita al Departamento del Tesoro. Así, se deberá informar al FinCEN nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación único de una jurisdicción emisora reconocida de cada beneficiario real.
La CTA entró en vigor el 1 de enero de 2024. Las empresas declarantes que existan en la fecha de entrada en vigor deberán presentar sus informes iniciales dentro del plazo de un año, mientras que las empresas declarantes creadas después de la fecha de entrada en vigor tienen 30 días después de recibir la notificación de su creación o registro. Asimismo, cualquier informe debe actualizarse dentro de los 30 días posteriores a un cambio en el beneficiario real, por ejemplo, mediante la venta de una empresa, fusión, adquisición o muerte, o 30 días después de tener conocimiento o tener motivos para conocer información inexacta presentada anteriormente.