A principios de 2021, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la CTA, por la cual las empresas deberán informar el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección actual y el número de identificación único de las personas que poseen, directa o indirectamente, al menos el 25% de la empresa o que controlan la empresa. Esto se aplica a las corporaciones, LLCs e incluso a aquellas empresas formadas en otros países que están registradas para hacer negocios en un estado determinado.
Algunas exclusiones incluyen:
Empresas que cotizan en bolsa.
Determinadas empresas reguladas y empresas que ya han proporcionado esta información a una agencia gubernamental.
Instituciones financieras o compañías de inversión.
Entidades exentas de impuestos.
Empresas que cuenten con 20 o más empleados a tiempo completo, al menos $ 5,000,000 en ingresos por ventas y una presencia operativa en una ubicación física real en EE.UU., así como sus subsidiarias.
Empresas que existen desde hace más de un año pero que no participan en negocios activos y que no sea de propiedad, directa o indirectamente, de una persona extranjera, que no haya experimentado, en el período anterior de 12 meses, un cambio de propiedad o no haya enviado o recibido fondos superiores a $ 1,000 y que no posea ningún activo (incluida una participación en la propiedad de cualquier corporación o LLC).
Como resultado de la nueva ley, ya no será posible mantener totalmente privadas las identidades de las personas que posean y controlen las entidades comerciales estadounidenses. A menos que aplique una excepción, todas las empresas estarán sujetas a los nuevos requisitos de informes de beneficiarios reales, incluidas las numerosas sociedades de cartera u otras sociedades anónimas que existen o que pueden formarse en el futuro con fines de planificación empresarial.
Cabe indicar que la información proporcionada al gobierno de EE.UU. en virtud de la CTA se mantendrá confidencial y solo se podría utilizar para fines policiales, de seguridad nacional o de inteligencia. Esta información no está sujeta a divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y no debería estar disponible automáticamente para nadie más.
La presentación de informes no comenzará hasta que el Departamento del Tesoro de EE.UU. haya adoptado las reglamentaciones de la CTA, que se exigen antes del 1 de enero de 2022. Las entidades formadas después de que las reglamentaciones entren en vigor deben presentar la información en el momento de la formación. Las entidades constituidas antes de la fecha de vigencia de las regulaciones deben reportar esta información a más tardar dos años después de la fecha de vigencia de las regulaciones. Cualquier cambio en el beneficiario final debe actualizarse en el plazo de un año a partir del cambio. Habrá sanciones monetarias sustanciales y multas por incumplimiento, incluidas sanciones civiles de hasta $ 500 por día que continúe la infracción y sanciones penales de hasta $ 10,000 y/o prisión de hasta dos años.