El Gobierno de Trump Anuncia Nueva Tasa de USD 100,000 para Peticiones H-1B

El 19 de septiembre de 2025, el presidente Trump firmó una proclamación presidencial denominada “Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes” por la cual establece que, a partir del 21 de septiembre de 2025, casi todas las peticiones nuevas de visa H‑1B presentadas para trabajadores extranjeros que se encuentran actualmente fuera de EE.UU. deberán acompañarse de un pago suplementario de $ 100,000. Si no se paga, la petición será denegada.

El gobierno argumenta que el sistema H-1B, diseñado originalmente para atraer trabajadores altamente calificados, especialmente en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ha sido abusado por empresas para reemplazar trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata y menos calificada. Esto, según la proclamación, ha deprimido salarios y generado desempleo entre recién graduados estadounidenses de tecnología y computación.

Esta medida aplica prospectivamente. No afecta peticiones presentadas o aprobadas antes de la fecha de entrada en vigor, ni a titulares actuales de H‑1B para ciertos propósitos, ni renovaciones dentro de EE.UU. Además, la proclamación tiene carácter temporal: se ha dispuesto que la medida dure 12 meses, con posibilidad de prórroga si la administración lo considera conveniente. 

Existen ciertas incertidumbres operativas en este momento dado que no se han publicado aun instrucciones claras sobre cómo, cuándo, dónde, ni por quién debe hacerse el pago del suplemento, tampoco los formularios actuales han sido modificados para reflejar esta tasa ni los procedimientos anexos y finalmente hay ambigüedad en el alcance de excepciones (por ejemplo, el denominado “national interest”, entidades académicas, sectores críticos, etc.) y quién puede aplicar para dichas excepciones.

Desde el punto de vista legal, la proclamación presenta una serie de puntos fuertes, pero también desafíos y riesgos. En principio, la Administración invoca su autoridad bajo ciertas secciones del Immigration and Nationality Act (INA), específicamente la sección 212(f), por la cual el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de suspender la entrada a Estados Unidos, o imponer las restricciones que considere pertinentes a dicha entrada, de ciertos extranjeros basado en interés nacional. Sin embargo, argumentos en contrario señalan que el ejecutivo no tiene autoridad para imponer este aumento tan elevado en las tarifas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) y que funciona como una barrera económica sin respaldo claro en la ley de inmigración. Asimismo, parecería que no se ha observado el proceso de “rulemaking” establecida en la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act - APA). Si la acción se califica como una regla nueva que afecta derechos u obligaciones debe cumplir con requisitos de notificación pública, período de comentarios, evaluación de impacto, etc., caso contrario puede ser considerado un acto arbitrario. Por su parte, algunos podrían argumentar que imponer una tasa de esta magnitud es equivalente a imponer un impuesto, lo cual debe pasar por el Congreso, argumentado temas constitucionales de separación de poderes.

Todo lo anterior puede desencadenar una batalla judicial en sede federal. Es probable que se inicien demanda para suspensión temporal (preliminary injunction) y de esta manera bloquear la implementación de la política mientras se resuelven los litigios de fondo (bajo el argumento de violación de la APA, buscando que el gobierno demuestre que la nueva tasa de $ 100,000 tiene relación razonable con costos reales o que se siguió proceso regulatorio. Quizá el Congreso introduzca legislación para impedir o modificar la medida, o condicionar financiación para su implementación.

Cabe indicar que la proclamación incluye una cláusula de excepción por “national interest” que permite al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) renunciar la exigencia para ciertos individuos, compañías o sectores. Así sectores como investigación universitaria, salud, ciertas entidades académicas o dependientes de subvenciones federales podrían intentar argumentar que su actividad entra dentro de esa excepción. Además, la aplicación temporal (12 meses) da margen para revisiones, revisitar la medida si genera efectos adversos fuertes o si litigios la bloquean.

En la práctica, las empresas tecnológicas globales grandes podrán, con mayor probabilidad, absorber mejor el coste, especialmente si tienen márgenes amplios y capacidad de repercutir el coste o ajustar modelos (por ejemplo, contratando más locales o externalizando algunos trabajos).  En cambio, startups, laboratorios académicos, PYMEs, o entidades con presupuestos ajustados podrían no poder asumir el gasto, lo que podría frenar su capacidad de atraer talento extranjero especializado.

Parecería que las áreas más afectadas son las industrias de tecnología y servicios informáticos, especialmente compañías con muchos trabajadores H‑1B desde el extranjero, en particular firmas indias que envían talento al territorio americano, asimismo, centros de investigación y universidades que reclutan doctores y posdoctorados que no están ya en EE.UU. y que hacen uso de visados H‑1B para su personal investigador y las empresas que dependen de movilidad internacional, procesos consulares y ciudadanos extranjeros recién graduados.

Aun cuando es muy pronto para poder analizar todos los posibles efectos de esta nueva proclamación, los empleadores deberían revisar todos los contratos de oferta que dependan del H‑1B para trabajadores en el extranjero, para confirmar si ya se han iniciado los procesos antes del 21 de septiembre, y si el trabajador está dentro de los supuestos exentos. Adicionalmente, deberán ajustar presupuesto de RR.HH. y planificación de talento internacional contemplando el nuevo coste y analizar alternativas, como optar por el visado H‑1B para personas ya en EE.UU., cambiar a tipos de visa diferentes, contratar localmente, subcontratar, trabajar remoto, externalización offshore, entre otros. Para empleados con H‑1B válidos es quizá razonable evitar salir del país si el visado no permite reentrada sin nueva petición, que podría activar la obligación del pago adicional. 

En definitiva, la tasa de $ 100,000 para peticiones nuevas visas H‑1B representa un cambio muy relevante: es una barrera económica significativa, con efectos inmediatos y de largo plazo para empresas, trabajadores y sectores de innovación. Aunque la medida tiene respaldo oficial, presenta múltiples puntos débiles legales y operativos que pueden ser objeto de impugnación.