I-220A y la Ley de Ajuste Cubano: el Undécimo Circuito establece que la liberación bajo I-220A no constituye parole para obtener la residencia

El 17 de noviembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito (U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit) publicó una decisión de especial trascendencia para la comunidad cubana y para quienes buscan obtener la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act o CAA).
En Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General, No. 24-12318, el tribunal determinó que la liberación de una persona bajo el Formulario I-220A (Order of Release on Recognizance), conforme a 8 U.S.C. § 1226, no equivale al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente cuando la persona no fue previamente inspeccionada y admitida en Estados Unidos.
La decisión establece una distinción jurídica fundamental: ser liberado de un centro de detención migratoria bajo determinadas condiciones no significa necesariamente haber recibido autorización de parole para ingresar a Estados Unidos.
Se trata de un precedente publicado que tiene consecuencias directas para los casos migratorios que se encuentran dentro de la jurisdicción del Undécimo Circuito, que comprende Florida, Georgia y Alabama.
¿Qué decidió el Undécimo Circuito en el caso Aguiar-Fernández?
El caso involucró a una familia cubana integrada por Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija Essined Yoana Aguiar-González.
La familia ingresó a Estados Unidos cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021. Después de ser detenidos brevemente por agentes de inmigración, cada uno recibió un Formulario I-220A, que documentaba su liberación bajo reconocimiento propio. Los documentos de liberación identificaban como fundamento legal 8 U.S.C. § 1226, disposición que regula la detención y liberación de determinados extranjeros mientras se encuentran pendientes los procedimientos para determinar si serán removidos de Estados Unidos.
Posteriormente, la familia solicitó el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, el juez de inmigración determinó que los solicitantes no cumplían con el requisito de haber sido inspeccionados y admitidos o haber recibido parole en Estados Unidos. La Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals o BIA) confirmó la decisión. La familia presentó entonces una petición de revisión ante el Undécimo Circuito.
El tribunal federal confirmó la decisión de la autoridad migratoria y concluyó que la familia no había recibido el tipo de parole requerido por la Ley de Ajuste Cubano.
La diferencia entre Conditional Parole y Humanitarian Parole
El punto central de la decisión consiste en diferenciar dos conceptos que, aunque utilizan la palabra parole, tienen fundamentos legales y consecuencias migratorias distintas.
1. Conditional Parole – 8 U.S.C. § 1226(a)(2)(B)
Esta disposición permite la liberación bajo condiciones de determinadas personas que se encuentran detenidas mientras se resuelve su situación migratoria.
El Formulario I-220A, en los casos examinados por el tribunal, documentaba precisamente esta clase de liberación. La persona puede permanecer fuera del centro de detención mientras continúa su procedimiento migratorio, sujeta a las condiciones impuestas por las autoridades. Sin embargo, esta liberación no significa que DHS haya concedido autorización para ingresar a Estados Unidos bajo el mecanismo de parole previsto en la legislación migratoria.
2. Humanitarian Parole – 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A)
Esta disposición autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante el ejercicio de su discreción, a conceder parole para ingresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.
Este es el tipo de parole que el Undécimo Circuito considera necesario para satisfacer el requisito de la Ley de Ajuste Cubano cuando el solicitante no ha sido previamente inspeccionado y admitido. En otras palabras, el tribunal concluyó que no basta con haber sido liberado de detención migratoria. Es necesario que exista una concesión de parole bajo la disposición legal correspondiente.
La diferencia no es meramente terminológica. Tiene consecuencias directas sobre la elegibilidad para obtener la residencia permanente.
¿Por qué el Formulario I-220A no satisface el requisito de la Ley de Ajuste Cubano?
La Ley de Ajuste Cubano establece que un ciudadano o nacional cubano puede solicitar el ajuste de estatus si, entre otros requisitos, ha sido inspeccionado y admitido o ha recibido parole en Estados Unidos después del 1 de enero de 1959.
El tribunal analizó el significado de la expresión legal “paroled into the United States” y concluyó que debe interpretarse en consonancia con el mecanismo de parole humanitario establecido en 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A). Para llegar a esta conclusión, el Undécimo Circuito tomó en consideración decisiones anteriores de otros tribunales federales, incluyendo Cruz-Miguel v. Holder, 650 F.3d 189 (2d Cir. 2011), Delgado-Sobalvarro v. Attorney General, 625 F.3d 782 (3d Cir. 2010), y Ortega-Cervantes v. Gonzales, 501 F.3d 1111 (9th Cir. 2007). También hizo referencia a Matter of Castillo-Padilla, 25 I&N Dec. 257 (BIA 2010).
La conclusión fue que el parole condicionado bajo 8 U.S.C. § 1226(a)(2)(B) no es equivalente al parole para ingresar a Estados Unidos contemplado en 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A). El tribunal fue particularmente claro al señalar que, aunque la liberación bajo la sección 1226 puede considerarse una modalidad de parole en sentido general, no constituye el parole requerido para satisfacer el requisito de la Ley de Ajuste Cubano.
La documentación migratoria también fue determinante
Otro aspecto importante de la sentencia es que el tribunal no se limitó a analizar las disposiciones legales. También examinó los documentos específicos del expediente.
Entre los elementos considerados estuvieron:
Los formularios I-220A que identificaban 8 U.S.C. § 1226 como fundamento de la liberación.
Las propias solicitudes I-485 de los integrantes de la familia, que identificaban los formularios I-220A como fundamento de su presencia en Estados Unidos.
La ausencia de formularios I-94 que documentaran la concesión de parole humanitario.
La negativa expresa de DHS a concederles posteriormente parole bajo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A).
El tribunal destacó que la determinación de si DHS concedió parole humanitario constituye una cuestión de hecho que debe resolverse examinando el expediente y las razones que realmente fundamentaron la actuación de la agencia.
Por tanto, no es suficiente argumentar que la persona necesariamente recibió parole humanitario porque, en determinadas circunstancias, la autoridad migratoria debía utilizar ese mecanismo para liberarla. El Undécimo Circuito rechazó expresamente ese argumento en el caso examinado. No obstante, también señaló que la autoridad legal bajo la cual se efectuó la detención podría ser relevante cuando el expediente no permita determinar claramente el fundamento de la liberación.
¿Qué ocurrió con la decisión de febrero de 2026?
Para comprender el alcance de esta nueva sentencia, es necesario recordar que el 23 de febrero de 2026 el Undécimo Circuito había emitido otra decisión relacionada con ciudadanos cubanos titulares de I-220A.
En Labrada-Hechavarria v. U.S. Attorney General, Nos. 23-13664 y 24-10645, el tribunal anuló las decisiones de la BIA en dos grupos de casos y devolvió los expedientes para procedimientos adicionales. En aquella oportunidad, el Gobierno había cambiado su posición respecto de la disposición legal que fundamentaba la detención de los solicitantes, sosteniendo que correspondía aplicar 8 U.S.C. § 1225(a), en lugar de 8 U.S.C. § 1226(a).
El tribunal consideró que ese cambio de posición, junto con otros desarrollos jurídicos y la existencia de interpretaciones diferentes entre tribunales federales, justificaba devolver los casos a la BIA. Sin embargo, aquella decisión no estableció que el Formulario I-220A constituyera automáticamente parole humanitario. La nueva decisión de Aguiar-Fernandez aborda directamente esa cuestión y establece que la liberación bajo 8 U.S.C. § 1226 no satisface, por sí misma, el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano.
Por consiguiente, no deben confundirse ambas decisiones: la primera ordenó nuevos procedimientos en determinados casos; la segunda estableció una interpretación jurídica expresa sobre el tipo de parole requerido para acceder a la CAA.
¿Significa esto que todos los cubanos con I-220A serán deportados?
No. Es importante distinguir entre no cumplir un requisito específico para obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano y ser automáticamente sujeto de deportación.
La sentencia no establece que toda persona que tenga un Formulario I-220A sea deportable ni que todas las personas en esa situación hayan perdido cualquier posibilidad de obtener un beneficio migratorio. Lo que determina es que el I-220A, cuando documenta exclusivamente una liberación bajo 8 U.S.C. § 1226, no constituye el parole exigido por la CAA.
Tampoco significa que todas las solicitudes de ajuste de estatus pendientes deban recibir automáticamente la misma decisión sin examinar sus respectivos expedientes. Cada caso debe analizarse considerando, entre otros aspectos, si existió una admisión o una concesión independiente de parole, si existen documentos adicionales que acrediten la situación migratoria del solicitante y si puede accederse a otro fundamento legal para obtener un beneficio migratorio.
Asimismo, la decisión no resuelve los requisitos de elegibilidad para otras formas de protección o alivio migratorio, que deben analizarse de manera independiente.
¿Qué deben hacer ahora las personas que tienen un I-220A?
La nueva decisión hace indispensable revisar cuidadosamente los expedientes migratorios de los ciudadanos cubanos que han utilizado el Formulario I-220A como fundamento para solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En particular, recomendamos revisar:
1. El expediente completo de ingreso y liberación. No debe examinarse únicamente el I-220A. Es necesario revisar el Notice to Appear (I-862), los registros de detención, los documentos de liberación y cualquier otra comunicación emitida por DHS.
2. La existencia de un Formulario I-94 u otra documentación de parole. Debe determinarse si existió una concesión independiente de parole bajo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A). La ausencia de un I-94 fue un elemento relevante en Aguiar-Fernandez, pero la evaluación debe considerar la totalidad del expediente.
3. El estado de cualquier solicitud I-485 pendiente. Es importante evaluar si la solicitud se fundamenta exclusivamente en el I-220A y cuáles son las consecuencias procesales de la nueva decisión.
4. Los procedimientos ante la Corte de Inmigración. Quienes se encuentren en procesos de deportación deben evaluar cuidadosamente sus opciones de defensa, las solicitudes de protección disponibles y cualquier otro fundamento legal aplicable.
5. Otras alternativas migratorias. Dependiendo de las circunstancias individuales, podría ser necesario evaluar otras vías de inmigración familiar, laboral o humanitaria, así como las opciones de protección frente a la deportación. La disponibilidad de estas alternativas depende de los requisitos legales y de los antecedentes particulares de cada persona.
Es especialmente importante no abandonar una solicitud pendiente, dejar de comparecer ante la Corte de Inmigración o tomar decisiones sobre el futuro migratorio sin antes recibir asesoramiento jurídico individualizado.
La importancia de una evaluación legal individual
La decisión de Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General constituye un precedente de gran importancia para la interpretación de la Ley de Ajuste Cubano en Florida, Georgia y Alabama.
El mensaje jurídico es claro: la liberación mediante un Formulario I-220A bajo 8 U.S.C. § 1226 no equivale al parole humanitario exigido por la CAA para quienes no fueron previamente inspeccionados y admitidos en Estados Unidos.
Sin embargo, el impacto concreto de esta decisión depende de la documentación, el historial migratorio y las circunstancias particulares de cada persona.
Aviso legal: Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento jurídico ni establece una relación abogado-cliente. Las decisiones migratorias deben evaluarse de acuerdo con los hechos, la documentación y las disposiciones legales aplicables a cada caso.




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